EXPORTACIONES DE CARNE

Una investigación periodística y un informe de una agencia estadounidense revelan que está asociado a la deforestación masiva y al trabajo esclavo.

Por Roberto A. Pagura / terminalC

Detrás del vertiginoso crecimiento de las exportaciones de carne paraguayas, están la explotación de trabajadores indígenas y la destrucción de bosques nativos para ampliar las áreas de pastoreo, sostiene un informe elaborado por el portal de investigación periodística Reporter Brasil, con respaldo de la Confederación Sindical Internacional (CSI). El trabajo destaca el caso del frigorífico brasileño Minerva, que en 2013 recibió un préstamo de 85 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional (CFI), una rama del Banco Mundial, para expandir su presencia en ese mercado.

“Conceder un préstamo de esta magnitud para aumentar las inversiones sin una condicionalidad estricta en una región donde se están llevando a cabo violaciones a los derechos humanos a gran escala y la destrucción del medio ambiente fue una decisión cuestionable. Pero luego dejar la puerta abierta a la esclavitud y al trabajo infantil es realmente un escándalo”, afirmó Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.

El comunicado difundido por esa central refiere que los sindicatos de Paraguay han denunciado la complicidad del Gobierno con las violaciones a los derechos de los trabajadores. “Las inspecciones laborales en las explotaciones ganaderas son raras y las autoridades locales carecen de los recursos humanos y materiales más elementales para hacer cumplir la ley”, dice el texto.

“En última instancia, el Gobierno es el responsable de no proteger a los trabajadores y dejar que los intereses del poder corporativo prevalezcan sobre los derechos humanos fundamentales”, sostuvo Burrow y apuntó: “La CFI debe demostrar que sus salvaguardas no son letra muerta y garantizar que Minerva haga esfuerzos inmediatos y proactivos para poner alto al trabajo forzoso y al trabajo infantil. Minerva necesita un sistema seguro y eficaz de verificación de la cadena de suministro y una supervisión activa de los proveedores”.

La investigación periodística refiere que el capital brasileño ha jugado un papel crucial en la expansión de la ganadería paraguaya, tanto en la industria frigorífica como en la posesión de rodeos. De hecho, los dos mataderos más grandes, responsables de casi 70% de las exportaciones, son de origen brasileño. Se trata del ya mencionado grupo Minerva, líder del mercado, y del Frigorífico Concepción, controlado por Jair Antonio de Lima.

Según consigna la empresa en su página web, Minerva opera 26 plantas industriales: 11 en Brasil, 6 en Paraguay, 3 en Uruguay, 1 en Colombia y 5 en Argentina. Y 14 centros de distribución ubicados en Brasil, Paraguay, Colombia, Chile y Argentina. Su reseña histórica indica que las actividades de la familia Vilela de Queiroz —propietaria del grupo— se inician en 1957 con la cría de ganado y el transporte de hacienda. En 1992, compra el frigorífico Minerva y en 2008 adquiere su primera unidad en el exterior, en la ciudad paraguaya de Asunción.

En 2017, el año de su aniversario 25, Minerva adquiere a la empresa JBS nueve plantas frigoríficas en América del Sur, tres en Paraguay, una en Uruguay y cinco en Argentina. Ese mismo año, alcanza una facturación récord de 12.100 millones de reales.

Reporter afirma que “el negocio de ganado en Paraguay crece a una velocidad tan alta como los datos de deforestación ilegal y las denuncias sobre trabajo forzado de indígenas y niños”. Alberto Yanosky, director ejecutivo de la organización ambientalista Guyra, asegura que el chaco paraguayo es “la ecorregión que sufre la mayor deforestación en el mundo”.

Ese proceso llegó a su punto más alto en noviembre del año pasado, con una media de 2.000 hectáreas deforestadas por día. De acuerdo con el monitoreo por satélite realizado por Guyra, “al menos un tercio del Chaco ya se convirtió en pastizal para alimentar la mitad de todo el rebaño bovino paraguayo”.

Por otro lado, las denuncias de sindicatos y movimientos sociales acerca de la existencia de trabajo esclavo son moneda corriente, y se conjugan con las escasas herramientas de que disponen los funcionarios del área.

En noviembre de 2016, una inspección realizada en una estancia ganadera en Boquerón, al norte de Paraguay, encontró a un grupo de 35 indígenas que producían carbón vegetal en condiciones inhumanas. “No puedo afirmar que eso pasa en todas las haciendas del Chaco. Pero cuando hay una denuncia y se investiga, eso es lo que encontramos”, dice Teresa Martínez, procuradora del Ministerio Público y responsable del operativo.

En marzo último, comenta el informe de Reporter, el Ministerio de Trabajo inauguró una oficina en el centro de Filadelfia —ciudad y municipio del departamento de Boquerón—, destinada especialmente a recibir reclamaciones de indígenas que trabajan en las estancias ganaderas de la región, donde operan tres cooperativas menonitas. Su responsable, Erundina Gómez, hija de un indígena que trabajó 20 años en una hacienda sin percibir remuneración alguna, comenta que esa agencia “no dispone de medios y tampoco de autonomía para averiguar in situ posibles irregularidades, ya que en Paraguay los fiscales de gobierno solo pueden entrar en las propiedades rurales bajo orden judicial”. En consecuencia, “el trabajador no solamente tiene que ir a la oficina de Filadelfia para registrar su queja, sino también entregarle a su patrón la notificación oficial que lo convoca a presentar aclaraciones”.

Las quejas más frecuentes de los trabajadores tienen que ver con los bajos salarios, inferiores al mínimo establecido por ley. Servicios temporales como limpieza de pastos y construcción de cercas son ofrecidos por “contratistas” que les cobran las botas, la ropa y la comida. “Los indígenas ganan poco, trabajan mucho, comen poco, no duermen bien. Falta agua. Eso pasa en todas partes. Y todo el mundo lo sabe”, afirma Isabelino Bogado, líder comunitario Guarani-Ñadeva.

Las quejas recaen principalmente sobre los colonos menonitas. El gerente de Comunicación de una de ellas —dueña de Trébol, la marca de lácteos más popular de Paraguay— relativiza esas acusaciones y asegura que los 6500 socios han sido instruidos en el cumplimiento de la legislación laboral.

El informe refiere que las propiedades de los menonitas son en su mayoría medianas, con un promedio de 400 hectáreas, mientras los ganaderos brasileños que invierten en la región adquieren estancias hasta 30 veces superiores.

Por último, alude a una evaluación preparada el año pasado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su nombre en inglés) sobre el impacto de la inversión de Minerva financiada con un préstamo de la Corporación Financiera Internacional (CFI).

La USAID afirma que, si bien los grandes exportadores de carne bovina, como Minerva, operan bajo rígidos controles sanitarios, “la aplicación de criterios ambientales y sociales en la gestión de la cadena de proveedores es prácticamente inexistente”. Tras recordar que la inversión de Minerva fue encuadrada por la propia CFI en la categoría de riesgo más alta por sus potenciales impactos negativos, dice también que al día de hoy faltan aún mecanismos concretos para garantizar que esos riesgos han sido evitados.

El documento, disponible en Internet, recuerda que Estados Unidos se abstuvo de apoyar el proyecto por dos motivos. Uno, porque “la propuesta no reunía los requisitos legislativos de los Estados Unidos de divulgación oportuna de las evaluaciones de impacto ambiental”. Dos, porque “Estados Unidos descubrió que los plazos de dos años y un año y medio para implementar medidas atenuantes en la cadena de suministro en Paraguay (y Uruguay) eran demasiado extensos dados los riesgos ambientales y sociales inherentes al proyecto”.

Entre los “hallazgos” detectados por técnicos de esa agencia, figura que, a pesar de los riesgos conocidos y los potenciales impactos negativos de las cadenas de suministro pecuarias, los pueblos indígenas no han sido incluidos explícitamente en el compromiso de las partes; que, a pesar de los avances en tal sentido, Minerva no ha mitigado ni reducido los riesgos ambientales o sociales en su cadena de suministro en Paraguay y que la inversión de la CFI en Minerva no está generando el efecto esperado en términos de parámetro de referencia y demostración para la industria.

En cuanto a las “recomendaciones”, plantean implementar las normas de mitigación y reducción exigidas dentro de un “plazo razonable” y utilizar nueva información para “mapear el trabajo infantil en la cadena de suministro de Minerva en Paraguay”.

Según refiere en este punto, una encuesta realizada en 2015 sobre las actividades de niños, niñas y adolescentes en el sector rural “identificó 384.677 niños involucrados en trabajo infantil en la agricultura, incluidos 142.127 niños entre 5 y 17 años involucrados en trabajo infantil en el sector pecuario”.

El informe del organismo estadounidense incluye cuatro anexos. El primero de ellos, analiza el caso específico del pueblo originario Ayoreo-Totobiegosode (ver recuadro); el segundo reseña las razones que llevaron al gobierno de Estados Unidos a no apoyar el proyecto y el tercero y el cuarto corresponden a las respuestas de la CFI y Minerva a las observaciones de USAID.

“En los últimos años, ha resultado más difícil para Minerva aplicar nuestro plan de acción previsto originalmente en Paraguay”, admite el organismo del Banco Mundial. Por su parte, la empresa parece refugiarse en la fraseología recomendada en las técnicas de marketing, un recurso que no por repetido deja de ser curioso. “La gestión de la cadena de suministro es una estrategia central para nuestras operaciones y mantener una relación sólida con nuestros proveedores de ganado apalanca la ejecución de nuestros compromisos, aún en complejo ambiente operativo”, dice la nota fechada el 29 de junio de 2017.

Publicado el 16-08-2018
Foto: Reporter Brasil – Ministerio Público de Paraguay.