AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Este documento, preparado por la CEPAL para sus países miembros, es un complemento de la Agenda 2030 aprobada recientemente por las Naciones Unidas. Sus propuestas se centran en la necesidad de impulsar un cambio estructural progresivo que incremente la incorporación de conocimiento en la producción, garantice la inclusión social y combata los efectos negativos del cambio climático. El foco de las reflexiones y propuestas para avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo radica en el impulso a la igualdad y la sostenibilidad ambiental.

Para avanzar en la conformación de la coalición social y política del cambio estructural se requiere un Estado democrático fuerte, una estructura productiva y especialización de alta productividad y fuerte generación de empleo, lo que implica un sector privado maduro que dinamice el crecimiento con empleo e innovación y una ciudadanía protagónica, organizada y demandante de sus derechos. El Estado del siglo XXI en la región debe ser un Estado democrático que recupera, en unos casos, y profundiza, en otros, su autonomía relativa frente a los grandes intereses y los poderes fácticos nacionales y trasnacionales. Un Estado con capacidad para escapar y blindarse frente a la persistente política de captura por parte de las élites, los intereses corporativos y las estructuras clientelares. Un Estado, por ende, con capacidad efectiva de imponer una cultura de la legalidad, de prevenir y combatir la corrupción y de garantizar el acceso a la justicia. Un Estado transparente, eficiente y con rendición de cuentas, tal y como se postula en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que recupere la confianza de la sociedad en sus instituciones. Pero no es solo el Estado el llamado a adecuarse a las nuevas condiciones que impone el objetivo de un cambio estructural progresivo, también los mercados y las empresas (particularmente las grandes empresas trasnacionales) tienen un papel fundamental que desempeñar. Deben moverse hacia el crecimiento inclusivo, la innovación y la productividad y redefinir su responsabilidad social como el debido cumplimiento de sus responsabilidades laborales, fiscales y ambientales. Por ello, es fundamental fortalecer todas las iniciativas en esa dirección que emergen en sectores de las élites interesadas en un nuevo patrón de desarrollo.

En las condiciones del siglo XXI, un Estado democrático fuerte no es un Estado cerrado, sino que abre el acceso a la información y valora la deliberación social, la concertación de acciones, el logro de pactos y la construcción conjunta de políticas. Es un Estado que debe desarrollar sistemas potentes de planificación, evaluación y participación para la formulación e implementación de políticas públicas y asumir plenamente el paradigma de gobierno abierto. En el accionar del sector público y su interacción con la sociedad civil, la apertura y el manejo de grandes datos se concreta en el modelo de gobierno abierto que implica la modernización de la administración pública, sobre la base de nuevas formas de articular la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la colaboración de actores para la coproducción de valor.

Las políticas de gobierno abierto impulsan prácticas, valores y culturas que favorecen el establecimiento de una plataforma sobre la cual construir un nuevo modelo de gobernanza abierta y colaborativa. Conseguir que los gobiernos sean cada vez más transparentes, proporcionen información sobre sus actividades, pongan a disposición sus fuentes y bases de datos, y publiquen sus planes y estrategias de desarrollo fomenta la rendición de cuentas ante la ciudadanía, la permanente vigilancia por la sociedad y una mayor corresponsabilidad. Compartir datos disminuye los tiempos de transacción, aumenta la eficiencia de los servicios públicos y da lugar a beneficios no tangibles, como una mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones.

A pesar de las dificultades y la distancia que nos separa del objetivo propuesto, la región no parte de cero. La conciencia de los límites del status quo, la recuperación de la planificación, la implementación de políticas sociales progresistas con visión universalista, la exigencia de honestidad y transparencia de los gobiernos, así como el impulso a las iniciativas de integración regional forman parte de este proceso de reacción frente al patrón dominante de desarrollo y de búsqueda de nuevos derroteros. Los latinoamericanos y caribeños están menos dispuestos hoy a tolerar la desigualdad como dato natural.

Finalmente, es necesario enfatizar que la región tendrá que transitar por esa transformación productiva en un contexto adverso en lo internacional, regional y nacional. El más bajo crecimiento mundial y la amenaza de una nueva crisis financiera internacional puede golpear con fuerza la región en un momento en que la integración regional es débil y el espacio fiscal para responder con políticas anticíclicas ha disminuido de manera significativa o no existe, mientras que —con excepciones— ha disminuido el prestigio de las instituciones políticas y de gobierno. Estos factores negativos tienen un efecto ambiguo sobre la posibilidad de construir nuevas coaliciones. Por un lado, la menor disponibilidad de recursos tiende a tornar la lucha distributiva más intensa dificultando los acuerdos; por otro, en la medida que el estilo dominante se muestra inviable, aumenta la presión a favor de un cambio de estilo y de formación de nuevas coaliciones.

Hay ejemplos de ello en el pasado. Las crisis de las décadas de 1930 y 1980, así como las más recientes, trajeron cambios muy importantes en las alianzas políticas y los patrones de producción. El cuestionamiento actual del estilo dominante abre un desafío similar en el futuro. El cambio estructural progresivo dependerá de la elección de cada sociedad entre dos caminos: volver a la trayectoria del pasado, insostenible y asociada a un conflicto distributivo de creciente intensidad, con fragmentación social, institucional y política, o transitar hacia un nuevo estilo de desarrollo, en que la acción colectiva y los pactos de largo plazo en sociedades democráticas promuevan la igualdad, la transparencia y la participación, con foco en la productividad, el empleo de calidad y el cuidado del medio ambiente, a partir de la difusión de las nuevas tecnologías en un gran impulso ambiental.

[Del epílogo.]

Título: Horizontes 2030; La igualdad en el centro del desarrollo sostenible.
Autor: Documento coordinado por Alicia Bárcena.
Editor: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Serie: Documentos de trabajo.
Mes / año: Marzo 2016.
Páginas: 176.

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