CONFERENCIA MINISTERIAL OMC

La decisión del gobierno anfitrión de revocar acreditaciones otorgadas por la propia organización internacional generó una fuerte repercusión diplomática.

Por Roberto A. Pagura / terminalC

“No tenemos la misma perspectiva”, respondió cautamente Keith Rockwell, vocero de la Organización Mundial de Comercio, cuando en su primer contacto con la prensa en Buenos Aires una periodista le preguntó por la decisión del gobierno argentino de revocar la acreditación de representantes de organizaciones de la sociedad civil a la Conferencia Ministerial.

“La decisión es un golpe para la OMC, que desde los enfrentamientos que rodearon su reunión ministerial en Seattle en 1999 ha estado tratando de involucrar a sus críticos y llevarlos a discusiones sobre el comercio y su impacto en los trabajadores”, decía diez días antes Financial Times. El periódico británico consignaba que el propio Rockwell había hecho infructuosos intentos de contactarse con el gobierno argentino “en todos los niveles” para que la medida fuera revertida. “Simplemente, dijeron no”, admitió.

El veto, sin antecedentes en las ministeriales de la OMC, alcanzó según la Cancillería argentina a 60 representantes de 18 organizaciones. Entre ellas, de acuerdo con diversas fuentes, se encuentran las argentinas Instituto del Mundo del Trabajo, Fundación Grupo Efecto Positivo y Sociedad de Economía Crítica; la belga 11.11.11; la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos; la chilena Derechos Digitales; la finlandesa Fundación Siemenpuu; la filipina People Over Profit; el indonesio Institute for National and Democracy Studies; el holandés Transnational Institute; la británica Global Justice Now! y otras dos de alcance internacional, Amigos de la Tierra, y UNI Global Union, una entidad sindical que representa a los trabajadores de servicios, con sede en Suiza y representaciones en Europa, América, África y Asia.

Varias de ellas integran una red global denominada Our World is Not For Sale (Nuestro mundo no está en venta), que rechaza “los acuerdos de comercio e inversiones que promueven la globalización orientada por las transnacionales y benefician a las empresas más poderosas del mundo a costa de los pueblos y el medio ambiente”.

Es muy posible que la definición no resulte precisamente simpática a quienes en el gobierno argentino —se habla del Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia— decidieron revocar acreditaciones ya otorgadas por la OMC, por entender que esas organizaciones “tenían vocación más disruptiva que constructiva”. Sin embargo, y más allá de la mirada condescendiente de algunos organismos internacionales, el llamado malestar en la globalización —que da título a un libro de Joseph Stiglitz— está lejos de ser una creación de “activistas” (ver el debate encarado por la Unión Europea).

Los casos más notorios fueron los de la india Kajal Bhardwaj, especialista en acceso a medicamentos, a quien se le negó la visa, el noruego Petter Titland y la británica Sally Burch, deportados al llegar a la Argentina. Pero prácticamente todos merecieron la reprobación de las cancillerías y embajadas de los países a los que representaban.

Titland integra la filial noruega de la Asociación para la Tributación de Transacciones Financieras y Asistencia a Ciudadanos (ATTAC, por su nombre en francés), creada en torno a esa propuesta del Nobel de Economía James Tobin. Burch, que vive en Ecuador, es una reconocida periodista, directora de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), por cierto crítica de la “globalización orientada por las transnacionales”.

Sus deportaciones no fueron rechazadas sólo por las organizaciones que representan, sino también por los gobiernos de Noruega y Ecuador. En el momento en que esta nota estaba en proceso de edición, las gestiones diplomáticas parecían haberles abierto las puertas a su reingreso a la Argentina.

El 2 de diciembre, cuando el escándalo ya había tomado estado público, la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que acusaba a las organizaciones proscriptas de haber hecho “explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”, un cargo que no puede ser sostenido. Y reiteró que “las personas asociadas a tales propuestas disruptivas y/o violentas no podrían ser acreditadas para ingresar al recinto de reuniones de la Conferencia Ministerial”.

Por esos días, trascendió la carta que la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, dirigió al canciller argentino, Jorge Faurie, a propósito de esta controversia.

El texto (en traducción al castellano de este medio) dice así:

“Le escribo para expresarle mi preocupación por las decisiones de las autoridades argentinas de revocar la acreditación de ciertos representantes de la sociedad civil en la próxima Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires.

“Considero que es muy importante que la política comercial sea abierta, inclusiva y transparente, e informada por la más amplia gama de opiniones. Para la UE, esto significa dar a todos los representantes de la sociedad civil la posibilidad de hacerse escuchar, incluso en Buenos Aires durante la Conferencia Ministerial. Garantizar la seguridad de la Conferencia es, por supuesto, esencial, pero no veo cómo los representantes de ONG con sede en Europa que han visto rechazada su acreditación supondrían una amenaza para la seguridad. Es muy lamentable que las autoridades argentinas no hayan aclarado los motivos de seguridad específicos detrás de estas decisiones.

“Siguiendo el consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, varios Estados miembros de la UE han intervenido en nombre de las ONG con sede en sus países, pidiendo que se revisen las decisiones de revocación. Sin embargo, parece que esto no condujo a un resultado positivo para todas las personas afectadas y, de hecho, ahora hay cuestiones referidas a su posible acceso a la Argentina durante el período de la Conferencia Ministerial.

“Solo puedo expresar mi esperanza de que, incluso en esta fase tardía de los preparativos, estas decisiones puedan modificarse y puedan encontrarse acuerdos para permitir la participación de la sociedad civil europea, lo que puede ayudar a que esta Conferencia sea un éxito.

“Espero trabajar estrechamente con usted en Buenos Aires.”

Aunque muy probablemente discrepe con Malmström en más de un aspecto, Nick Dearden, de la británica Global Justice Now! (Justicia global ahora) se expresaba en términos compatibles. “Hemos asistido a la OMC por más de una década, y creemos que la presencia de la sociedad civil es fundamental para garantizar que se escuche la voz de decenas de millones de personas comunes y corrientes afectadas por las políticas de la OMC”, decía Dearden en declaraciones recogidas por Financial Times. Y agregaba: “Nunca antes habíamos recibido este tratamiento de un gobierno anfitrión: tener toda la acreditación de nuestra delegación cancelada en el último minuto sin dar ninguna razón”.

Publicado el 10-12-2017
Foto: Pixabay.