COMERCIO DE SERVICIOS

Los trabajadores denuncian la amenaza del TISA

Según la Confederación Sindical Internacional, sus cláusulas conllevan debilitamiento de los derechos laborales y pérdida de autonomía de los estados.

Los trabajadores denuncian la amenaza del TISA
Los términos de la negociación, que involucra a 50 países, son secretos.

 

“Mientras otros tratados comerciales como el TTIP, el TPP y el CETA ocupan los titulares, los negociadores gubernamentales, en estrecha colaboración con grupos de presión empresariales, intentan hacer pasar el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS). No podemos permitir que esto ocurra”, alertó Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), con sede en Bruselas.

Ante la certeza de que representantes comerciales de 50 países trabajan para cerrar el ACS —más conocido como TISA, por su nombre en inglés— antes de fin de año, la CSI ha dado a conocer un documento sobre sus alcances y características, en gran medida desconocidas, porque las negociaciones se han mantenido en secreto.

Según la CSI, la información filtrada muestra que los gobiernos deberán “consultar” con las multinacionales a la hora de considerar la posibilidad de nuevas regulaciones y que las denominadas cláusulas de estancamiento y de trinquete (ver recuadro) harían imposible dar marcha atrás con privatizaciones, más allá de su resultado.

“Compañías como Uber, que prosperan a base de emplear trabajadores sin garantizarles ni los más básicos derechos a un salario y condiciones de trabajo decentes, podrán extender su alcance a vastos sectores de la economía. Los empleadores podrán además trasladar de un país a otro a trabajadores en profesiones como derecho y contabilidad, sin estar obligados a respetar las leyes nacionales”, dice la CSI.

Burrow aseguró que, de aprobarse en sus términos actuales, el TISA tendrá profundas repercusiones negativas sobre la regulación financiera y la protección de los derechos de trabajadores y consumidores.

“El ACS es una buena noticia para los bancos y los paraísos fiscales, y para algunas de las empresas más irresponsables del planeta. Las autoridades gubernamentales no podrán siquiera apoyar a las empresas de servicios locales, lo que podría perjudicar los pequeños negocios y las comunidades locales. El ACS es una mala noticia para las familias de trabajadores y para el funcionamiento mismo de un gobierno democrático. En su forma actual, el tratado resulta totalmente inaceptable; si realmente se necesita un acuerdo sobre servicios, las negociaciones deberían volver a empezar de cero, con un proceso abierto y democrático, y sin que los grupos de presión empresariales lleven la voz cantante”, afirmó la dirigente, nacida en Australia en 1954.

De acuerdo con los trascendidos, el ámbito del ACS se extiende al transporte, la energía, el comercio minorista, el comercio electrónico, el correo, las telecomunicaciones, la banca, la sanidad y la educación privada, entre otros servicios.

El objetivo, refiere el documento de la CSI, es eliminar una serie de “obstáculos” a esas transacciones, ya se trate de regulaciones nacionales y locales, restricciones a la propiedad extranjera y requisitos en materia de licencias, normas de calidad divergentes, regulación financiera, como de obligaciones de servicio universal o determinación de la condición de servicio público para determinadas actividades, algo que podría impedir, por ejemplo, el acceso a la sanidad o la educación de proveedores de servicios con fines de lucro.

acs   “Los trabajadores y trabajadoras en el sector de servicios se enfrentarán a una creciente competición laboral, relaciones de empleo flexibles y menos posibilidades de organizarse”, dice el documento de la CSI.
     

Desde su inicio en 2013, se han celebrado 21 rondas de negociaciones, en las que participa medio centenar de países. Entre ellos, se encuentran los 28 miembros de la Unión Europea (UE), Australia, Corea, Japón, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y los latinoamericanos Colombia, Costa Rica, Chile, México y Panamá.

“Los servicios tienen una importancia cada vez mayor en la economía internacional y son esenciales para todos los países de la UE, principal exportador mundial de un sector que en Europa genera decenas de millones de puestos de trabajo. La apertura de los mercados de servicios impulsará el crecimiento y el empleo”, dice la Comisión Europea.

Según explica el órgano de gobierno de la UE en su portal, los encuentros se celebran en Ginebra, bajo presidencia alternativa de la UE, Australia y los Estados Unidos. “Como ocurre con cualquier negociación comercial, las conversaciones sobre el ACS no son públicas y el acceso a los documentos está reservado en exclusiva a los participantes”, admite la Comisión, que dice negociar “en nombre de la UE”, informar periódicamente al Parlamento y al Consejo europeos, y organizar “reuniones frecuentes con las empresas y la sociedad civil”.

La mirada de la CSI no es precisamente complaciente. “Las empresas multinacionales han venido impulsando esta agenda para consolidar su poder de mercado, incrementar su control sobre los gobiernos y subyugar la regulación con estrictas disciplinas y procedimientos”, afirma el documento y agrega: “La consolidación del poder de mercado resultante implica que los trabajadores y trabajadoras en el sector de servicios se enfrentarán a una creciente competición laboral, relaciones de empleo flexibles y menos posibilidades de organizarse. Los convenios colectivos se verán amenazados en prácticamente todos los sectores, y formas no reguladas de empleo podrían convertirse en la norma en muchos de ellos. El ACS permitirá a las empresas contratar a muchas categorías de trabajadores, que actualmente están protegidos por la legislación laboral, mediante contratos donde se establezcan niveles inferiores de beneficios y protección”.

A juicio de la CSI, la propia autonomía de los estados se ve amenazada. “Los gobiernos deberán comunicar sus planes de regulación y aceptar los comentarios de las empresas. Bajo la amenaza de recurrir a los mecanismos de solución de controversias por parte de los grandes países, o incluso a la solución de controversias inversor-Estado ahí donde exista, los proveedores de servicios privados conseguirán frenar, debilitar e incluso bloquear la regulación que no sea de su agrado, antes incluso de que sea remitida a los órganos legislativos para ser debatida y aprobada”, afirma el documento.

El año pasado, la central uruguaya de trabajadores PIT-CNT manifestó su rechazo “total y absoluto” al TISA y convocó a un paro general para reafirmar su oposición a que el gobierno de ese país participara de las negociaciones. Su postura fue respaldada por el Frente Amplio, al que pertenece el presidente Tabaré Vázquez, que se vio obligado a retirarse. A favor, se habían manifestado públicamente los ministros de Economía, Danilo Astori, y Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, que aún no se da por vencido.

 

Publicado el 25-11-2016
Foto: Confederación Sindical Internacional.


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