INDUSTRIA NAVAL

Las propuestas que promueven la reactivación del sector recibieron un fuerte respaldo en el Senado. Para los empresarios, aún hay cuentas pendientes.

Por Ana Belén Ehuletche / terminalC

Las propuestas de ley de promoción de la industria naval y la marina mercante argentinas, que en diciembre de 2016 habían recibido la aprobación unánime de la cámara de Diputados, avanzaron finalmente la semana pasada en el Senado, donde recibieron sanción por amplia mayoría.

Lo que parecía una cuestión formal terminó transformándose en una disputa en la que tuvo que involucrarse directamente el presidente de Diputados, Emilio Monzó, cuando la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, que durante los primeros seis meses del año no logró quorum para tratar los proyectos, aprobó esos proyectos prácticamente sin cambios.

No alcanzó la destreza de los diputados de PJ-Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque Justicialista y los gremios para girar los proyectos que implicaban un costo fiscal de 500 millones de pesos en el primer año de aplicación y 1000 millones en el segundo. Ante la inmediata intervención de Monzó para evitar que los textos fueran tratados en Hacienda y Economía, desde el Gobierno afirmaban que “la reforma tributaria es el paraguas debajo del cual deben acomodarse todos los proyectos”, y aseguraban que por esa razón no se otorgarían beneficios particulares.

Mientras, los gremios y empresarios que llevaban años trabajando los proyectos, y se sentían fortalecidos tras la media sanción por mayoría en el Senado, se quejaban principalmente del ministro Nicolás Dujovne, porque “con su cambio de visión económica ordenó frenar los proyectos”.

Aun así, la cuestión no podía dilatarse más porque involucra a muchos aliados del Gobierno. Por eso, se mantenía la convicción de que antes de fin de año el sector contaría con sus leyes. La cuestión puertas adentro y afuera era: ¿cómo saldría?

Cuando el 22 de noviembre Diputados logró pasar los proyectos nuevamente a Senadores, se instaló la idea de que “se aprobó la ley que se puede, no la que se debe”, y menos aun la que gran parte del sector reclama que necesita.

Por un lado, algunos cuestionan la flexibilización de las condiciones laborales. En línea con la reforma que promueve el oficialismo, las contribuciones patronales obligatorias de los armadores sólo operarán sobre los primeros $ 10.000 brutos del salario.

Por otro, se plantea si estas iniciativas favorecen efectivamente la posición de la marina mercante nacional frente a las compañías internacionales. Para los empresarios, los incentivos no parecen suficientes. Afirman que, aun en igualdad de condiciones, se encuentran en desventaja frente a grandes armadores que “no tienen los costos fijos de las empresas de bandera argentina”.

Además, no pasa desapercibido el acuerdo con la Unión Europea que el Gobierno está negociando. “No podemos perder la relación bilateral con Brasil”, asumen los empresarios, que además quieren ampliar su negocio y llegar a otros destinos en buque; para eso es necesario evitar el dumping y reconstruir la flota que Argentina alguna vez tuvo.

Un primer paso

Los senadores Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) y Fernando “Pino” Solanas (Alianza Unen) impulsaron los proyectos que promueven el “desarrollo y crecimiento sustentable de la flota mercante de bandera nacional, mediante el mejoramiento de su competitividad y el aumento de la demanda de fletes más económicos”.

Los textos sancionados contemplan un plazo de diez años para aplicar beneficios tributarios, que consisten en subsidiar 50% del Impuesto a los Combustibles por 36 meses y suspender por cuatro años el impuesto a la importación de nuevas embarcaciones. “Hace décadas que soñé con algo semejante”, dijo Solanas y consideró que “la industria de la construcción naval es industria de industrias: genera fábricas y puestos de trabajo y múltiples empresas subsidiarias. Esta ley contempla importantes beneficios impositivos para los armadores; tiende al desarrollo nacional de la industria náutica”.

Respecto de la demora en el trámite de las leyes, “claves para la logística y el comercio exterior argentino”, Solanas señaló que “fue principalmente responsabilidad del Poder Ejecutivo, el cual a través de una visión fiscalista neoliberal consideraba que ciertas exenciones fiscales en el impuesto a las ganancias contempladas en los proyectos votados en el Senado eran inviables a pesar de que las mismas fuesen solo temporales”.

“Esta concepción económica ortodoxa no contemplaba el hecho de que la actividad, tanto de la marina mercante como de la industria naval, había sido reducida a su mínima expresión a partir de la década del `90 como resultado de la desregulación implementada por el menemismo y que, por lo tanto, poco aportaban a las arcas fiscales en su actual situación”, argumentó.

Entre las modificaciones que sufrió el proyecto de marina mercante antes de regresar a la cámara alta, fueron eliminados algunos beneficios para la industria, que originalmente se extendían a un período de 20 años.

Los beneficios tributarios —que el proyecto original disponía sin plazo definido— durarán diez años; no se contemplan deducciones de IVA por el pago de contribuciones patronales ni de Ganancias por los montos invertidos; tampoco habrá un régimen de amortización de inversiones o la exención del impuesto a los combustibles para los buques alcanzados por la ley y fue eliminada la exención del Impuesto a las Ganancias para algunos ítems del salario de los trabajadores, como las horas extras.

Ahora se introdujo un subsidio operativo durante 36 meses equivalente a 50% del impuesto a los combustibles efectivamente consumidos por cada embarcación. A su vez, se redujo de 7 a 4 años el plazo para que la importación de buques no pague impuestos y se modificó el régimen jurídico de la hipoteca naval, como instrumento crediticio para la adquisición de buques construidos en astilleros nacionales, que no había sido incluido en el proyecto del Senado.

Respecto de las modificaciones en el texto sobre la industria naval, sobresale que el Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (FODINN), que deberá crear el Ejecutivo, no podrá tener menos de 1.500 millones de pesos por año, actualizados por inflación.

“Sorteando maniobras y chicanas que buscaban impedir el tratamiento de estas leyes o, peor aún, la sanción de un decreto por parte del Gobierno, se pudo llegar, con apoyo gremial y empresario, a un consenso expresado en los dictámenes aprobados en Diputados, en los cuales se preservó el espíritu de ambas leyes en puntos fundamentales”, afirmó Solanas.

Aseguró también que “la aprobación de estas leyes permitirá que la Argentina vaya recuperando, paulatinamente, los 5.000 millones de dólares que todos los años se pagan al exterior en concepto de fletes marítimos y fluviales, mientras que la misma demanda generada por la marina mercante argentina reactivará a la industria naval nacional, ‘industria madre’ del desarrollo que a su vez genera una vastísima cadena de valor”.

Las leyes avanzaron a la par de las negociaciones del presidente de Argentina, Mauricio Macri, para concretar acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En ese contexto, desde la sede de Buenos Aires de Servicios de Transporte Marítimo Argentina Brasil (Semarbra), advirtieron sobre las consecuencias que podría traer para la marina mercante argentina y el comercio exterior una eventual apertura del servicio de transporte marítimo entre ambos países, tal como lo estaría imponiendo la UE.

Publicado el 05-12-2017
Foto: CAENA.